[Cadena nacional: el presidente Alfonsín argumenta sobre la Ley de Punto Final]

En el presente registro, el presidente Raúl Alfonsín explica los motivos del envío del proyecto de Ley de Punto Final al Congreso. En el comienzo de su exposición, el primer mandatario realiza un balance de los primeros años de su gestión y remarca la crítica situación que heredó de la última dictadura cívico-militar. Luego, considera que los juicios llevados a cabo contra las Juntas Militares representan un ejemplo inédito en la historia contemporánea mundial en el que la justicia argentina -más allá de "los malos augurios" y con “el acompañamiento de todos”- pudo actuar en plenitud sobre los casos de violación de los derechos humanos. Seguidamente, convoca a los argentinos a iniciar una nueva etapa de transformación y modernización que permita afianzar el "encuentro" de todas las energías vitales de la nación e integrar plenamente a las Fuerzas Armadas (FF.AA.). En este sentido, Alfonsín caracteriza el año 1983 como la "culminación de una larga historia de intolerancia y prepotencia" en la que la sociedad supo recurrir a los "violentos" para "pisotear las ideas de los demás" y "dirimir los conflictos". Al respecto reflexiona que de esta manera se arribó a los años más sombríos de la historia reciente, en los que con el intento de "combatir al demonio con las armas del demonio, la Argentina se convirtió en un infierno”. En consecuencia, el presidente destaca que su gobierno condena la violencia -tanto la del "terrorismo" como la de la represión ilegal- y avala los juicios contra la dictadura con el objeto de fortalecer el Estado de derecho e imputar las responsabilidades de “los agentes estatales involucrados" y no la de las instituciones. Tras la "culminación de la etapa de la revisión judicial", Alfonsín señala que es imprescindible volver a convocar a la sociedad para una "nueva reflexión”, dado que existen "dos situaciones que requieren urgentes correcciones” para dar cauce a “una unión perdurable”. Según el presidente, el "largo tiempo transcurrido en las investigaciones" y el "retraso en la asignación de responsabilidades” afecta de modo directo tanto a las víctimas de la represión ilegal como a un número considerable del personal de las FF.AA. Por lo tanto, propone agilizar los trámites judiciales y establecer un plazo que evite que los miembros de las FF.AA. y de seguridad carguen indefinidamente con “una suerte de sospecha interminable”. En consecuencia, Alfonsín comunica que el proyecto de Ley de Punto Final contempla "un plazo de extinción de la acción penal que permitirá, en el menor tiempo razonable, liberar de sospechas a quienes, a más de tres años de iniciadas las investigaciones, no hayan sido considerados formalmente sospechosos por los jueces". Asimismo, explica que dicha ley aplicará sobre “los hechos en los que se alteraron los límites y esencia de los actos de servicio" y excluye las “actividades por entero ajenas a la alegada acción contra el terrorismo como, por ejemplo, la supresión del estado civil de menores".

NOTA
El presente registro posee desperfectos en la imagen.