[Martínez de Hoz realiza un balance sobre su política de libertad de mercado]

En su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el 125° aniversario de esta institución privada, el ministro Martínez de Hoz rinde cuentas sobre las medidas implementadas por su gestión para paliar la inflación, problema que, reconoce, preocupa a los empresarios nucleados en dicha cámara. Cita a Ortega y Gasset para encuadrar sus argumentos centrados en cuatro ejes: gasto público y déficit presupuestario; apertura de la economía; revitalización y modernización del aparato productivo, y evolución de los precios y su convergencia con las pautas cambiarias. El gasto público y el déficit presupuestario financiado con emisión monetaria han sido, a juicio de Martínez de Hoz, la principal causa de la inflación. En consecuencia, la “reducción del número de agentes públicos” de cerca de 250.000 trabajadores (entre empresas del Estado y la administración pública) es presentado por el ministro como un paso hacia “la reorganización y la racionalidad”. Asimismo, en torno a la inversión y el gasto público, destaca el rol subsidiario del Estado -mediante el “reordenamiento de la inversión pública” en la vida económica-; anuncia la necesidad de privatizaciones; celebra el incremento de la participación privada en la perforación de pozos para YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y en otros proyectos de energía e infraestructura; y subraya el traspaso del gasto público y de la recaudación a las provincias. Por último, explica, en términos comparativos, algunos resultados y virtudes de la política de libre mercado llevada a cabo por su cartera: libertad de importación y exportación -como parte de la modernización necesaria en base a la competencia-; quita de subsidios para ciertos sectores privilegiados, de controles de precios y de restricción del mercado cambiario -para el sinceramiento de los precios relativos-; desregulación de las tasas de interés y reforma del sistema financiero -para la liberación de las entidades financieras de la injerencia estatal en la utilización y destino del crédito-; libertad de alquileres urbanos y arrendamientos rurales; y libertad de contratación de los salarios y eliminación del sistema de aumentos masivos (paritarias) -para atar las remuneraciones a la productividad-.